Todas las personas con discapacidad
experimentan su condición de limitación social, bien sea por las condiciones de
falta de accesibilidad de su entorno, por la fuerza imperante de las
cuestionables ideas sobre su
inteligencia y competencia social, por la incapacidad del público para el uso
de lengua e signos, o por la carencia de material en braille o por la
permanencia de actitudes públicas hostiles hacia las personas con
discapacidades no visibles.
Esta nueva concepción social de la
discapacidad supone una ruptura sobre las concepciones y percepciones tanto de
los profesionales, como de los medios de comunicación como de la sociedad toda.
No sólo supone cambios mucho más amplios en la concepción de la discapacidad
sino también en la accesibilidad y en los servicios y en la educación especial.
Hasta ahora todas las definiciones y
actuaciones de las personas con discapacidad siempre han sido concebidas por
otros, nunca han sido la expresión de un grupo de personas que encuentran sus
propia identidad, su propia historia; los atributos siempre han sido otorgados
por otros. Esto nos debería de llevar a que más que buscar una explicación
basada en las discapacidades de una persona, habría que buscarla en el poder
que ostentan grupos significativos de poder para definir la identidad de otros.
Por ello hasta ahora las intervenciones de los profesionales tenían muy
presente la carencia de poder de las personas con discapacidad, su dependencia
de por vida y su marginación y exclusión.
La lucha de las personas con
discapacidad es contra la discriminación y su objetivo es alcanzar su
participación efectiva en la sociedad, sentirse cómodas y seguras, con
capacidad de elección y decisión.
Varios factores crean desequilibrio en
esta lucha; en primer lugar, son muy desiguales las relaciones de poder entre
quienes controlan la administración de los recursos y servicios para las
personas con discapacidad y las personas que reciben esos servicios.
Por esta evidencia, los servicios no
se consideran como una exigencia de los derechos de las personas con
discapacidad sino como una concesión aleatoria de la administración limitada
por la disponibilidad o por la dependencia de otras medidas para la población
mayoritaria o incluso fuera de evaluación o de control de calidad limitándose a
la simple prestación del servicio.
Pero las personas con discapacidad no
son meros receptores de los servicios que le corresponden por ley sino que
tienen un papel activo y deberían de
poder elegir los recursos que necesitan para su vida independiente y participar en el
control y evaluación de esos servicios que reciben.
No debería de haber relaciones de
poder porque todas las medidas han de basarse en el cumplimiento explícito de
los derechos de las personas con discapacidad y porque todas las personas deben de ser consideradas como
poseedoras del mismo valor en la sociedad y para la sociedad.
Si las personas con discapacidad no
son valoradas, tampoco lo serán ni los servicios que reciben ni los
profesionales que los prestan.
